La Unión Europea es una organización supranacional basada en el respeto a la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Su estructura institucional se articula en torno a cinco instituciones principales cuyo funcionamiento y competencias están definidos en los Tratados constitutivos.

Consejo Europeo

Órgano político de dirección de la UE, compuesto por los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, el Presidente de la Comisión y el Alto Representante.
Define las orientaciones políticas generales e impulsa la integración.
No legisla, pero marca las prioridades estratégicas.
Se reúne al menos cuatro veces al año.

Consejo de la Unión Europea

Órgano legislativo que representa a los gobiernos nacionales.
Compuesto por ministros de cada Estado miembro (composición variable según la materia).
Ejerce funciones legislativas conjuntamente con el Parlamento Europeo (codecisión).
Coordina políticas y negocia acuerdos internacionales.
Funciona por rotación de presidencia cada seis meses.

Parlamento Europeo

Única institución elegida directamente por los ciudadanos (cada 5 años).
Compuesto por diputados europeos distribuidos por Estados miembros según población.
Ejerce funciones legislativas (codecisión con el Consejo), presupuestarias y de control.
Aprueba el presupuesto de la UE y controla la Comisión.

Comisión Europea

Órgano ejecutivo e impulsor de la integración.
Compuesta por un Presidente y Comisarios (uno por Estado miembro, generalmente).
Monopolio de iniciativa legislativa en muchas materias.
Vela por el cumplimiento del Derecho de la UE.
Ejecuta el presupuesto y gestiona políticas comunes.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Máxima autoridad judicial de la UE.
Compuesto por jueces de cada Estado miembro y Abogados Generales.
Garantiza la interpretación uniforme del Derecho de la UE.
Resuelve conflictos entre instituciones, Estados y particulares.
Sus sentencias son vinculantes y prevalecen sobre el Derecho nacional.

Efectos en la organización del Estado español

Primacía del Derecho de la UE sobre el Derecho español (reconocida por la jurisprudencia constitucional).
Transferencia de competencias a la UE en materias como comercio exterior, política monetaria y política agraria común.
Adaptación de la Administración española mediante estructuras de coordinación interministerial.
Participación de las Comunidades Autónomas en asuntos europeos según el art. 145 CE.
Vinculatoriedad de las directivas europeas, que requieren transposición al ordenamiento interno.