La protección de datos personales es un derecho fundamental regulado principalmente por el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD). Su conocimiento es esencial para el administrativo del Estado, tanto en la gestión de procedimientos como en el cumplimiento normativo.

Principios fundamentales del tratamiento de datos

Licitud, lealtad y transparencia: el tratamiento debe ser legal, justo y comprensible para el interesado
Limitación de la finalidad: los datos se recaban solo para fines explícitos, legítimos y determinados
Minimización de datos: solo se recogen datos adecuados, pertinentes y no excesivos
Exactitud: los datos deben ser precisos y actualizados
Integridad y confidencialidad: protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito
Responsabilidad proactiva: el responsable debe demostrar el cumplimiento normativo

Derechos de los interesados

Derecho de acceso: obtener confirmación del tratamiento y copia de los datos
Derecho de rectificación: corregir datos inexactos o incompletos
Derecho al olvido: solicitar la supresión de datos bajo ciertas condiciones
Derecho a la limitación del tratamiento: restringir el uso de datos
Derecho a la portabilidad: recibir datos en formato estructurado y transmitirlos
Derecho de oposición: rechazar el tratamiento para fines específicos
Derechos relativos a decisiones automatizadas: no estar sujeto a decisiones basadas únicamente en tratamiento automatizado

Responsable y Encargado del tratamiento

Responsable: determina los fines y medios del tratamiento; es quien decide qué, cómo y por qué
Encargado: trata datos por cuenta del responsable, bajo sus instrucciones y contrato de encargo
En la Administración, el organismo público es generalmente responsable
El encargado debe garantizar medidas técnicas y organizativas de seguridad
Ambos tienen obligaciones de documentación y cooperación con autoridades

Delegado de Protección de Datos (DPD)

Obligatorio en organismos públicos y empresas cuya actividad principal es tratamiento a gran escala
Actúa como punto de contacto con la autoridad de protección de datos
Supervisa el cumplimiento normativo y atiende consultas de interesados
Debe ser independiente y disponer de recursos suficientes

Autoridades de Protección de Datos

En España: Autoridad Nacional de Protección de Datos (AEPD) y autoridades autonómicas según competencias
Funciones: investigación, sanciones, asesoramiento y resolución de reclamaciones
Pueden imponer multas administrativas (hasta el 4% del volumen de negocio global o 20 millones de euros)

Derechos digitales

Derecho a la educación digital y alfabetización mediática
Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral
Protección frente a la brecha digital y acceso a servicios digitales
Garantías en la identidad digital y firma electrónica