El procedimiento administrativo común es el conjunto de trámites y actos que regulan cómo actúan las Administraciones Públicas. Su conocimiento es fundamental para entender tanto la actividad administrativa como los mecanismos de control y defensa de los ciudadanos frente a ella.

Procedimiento Administrativo Común: Concepto y Alcance

Regulado por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC).
Aplicable a todas las Administraciones Públicas españolas, salvo excepciones expresas.
Comprende los procedimientos de naturaleza administrativa, excluyendo los tributarios, laborales y contencioso-administrativos.
Garantiza los principios de legalidad, eficacia, objetividad, transparencia y participación.

Fases del Procedimiento Administrativo

Iniciación: Comienza por solicitud del interesado o de oficio por la Administración. Requiere acto de iniciación expreso.
Ordenación: Establecimiento de las reglas de desarrollo del procedimiento (competencia, instrucción, participación).
Instrucción: Fase de aportación de pruebas, alegaciones y trámites de audiencia. Incluye el derecho a ser oído antes de la resolución.
Terminación: Adopción del acto administrativo que resuelve el procedimiento. Debe ser motivado y notificado.

Revisión de Oficio y Recursos Administrativos

Revisión de oficio: La Administración puede revocar o anular sus propios actos por razones de legalidad u oportunidad, dentro de plazos establecidos.
Recurso de reposición: Dirigido contra actos definitivos. Plazo: un mes desde la notificación.
Recurso de alzada: Contra actos dictados por órganos no superiores jerárquicamente. Plazo: un mes.
Recurso extraordinario de revisión: Procede por error de hecho, documentos nuevos o infracción procesal grave.
Agotamiento de la vía administrativa: Requisito previo para acceder al contencioso-administrativo.

Recurso Contencioso-Administrativo

Vía jurisdiccional ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y Audiencias Nacionales.
Objeto: Impugnar actos administrativos, omisiones, inactividad y disposiciones de rango inferior a ley.
Plazo: Dos meses desde la notificación del acto o desde que se produce la inactividad.
Requiere agotamiento previo de la vía administrativa.

Actividad Administrativa Impugnable

Actos administrativos: Decisiones que producen efectos jurídicos.
Omisiones y silencios administrativos: Considerados actos denegatorios en ciertos casos.
Disposiciones: Normas de rango inferior a la ley (reglamentos, órdenes).
Excluidas: Actos políticos, de gobierno y cuestiones no justiciables.

Partes: Capacidad, Legitimación, Representación y Defensa

Capacidad: Aptitud legal para ser parte. Personas físicas y jurídicas.
Legitimación: Interés directo y personal en el procedimiento. Puede ser activa (para recurrir) o pasiva (como demandado).
Representación: Poder otorgado por escrito. Obligatoria en contencioso-administrativo ante letrado.
Defensa: Derecho a ser oído, aportar pruebas y contar con asistencia letrada en procedimientos complejos.