Los contratos del sector público son acuerdos vinculantes celebrados por las Administraciones Públicas para la adquisición de bienes, servicios u obras. Su régimen jurídico está orientado a garantizar la transparencia, la concurrencia y la eficiencia en el gasto público.

Concepto y naturaleza jurídica

Acuerdos entre una Administración Pública y un tercero para la prestación de servicios, suministro de bienes u ejecución de obras.
Sometidos a principios de publicidad, concurrencia, transparencia, no discriminación e igualdad de trato.
Regulados por la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) y normativa autonómica complementaria.
Carácter administrativo: sujetos a control jurisdiccional contencioso-administrativo.

Clases de contratos

Por objeto: obras, suministros, servicios, concesiones de obras, concesiones de servicios.
Por cuantía: menores, por debajo de umbrales comunitarios, sujetos a regulación plena.
Por procedimiento de adjudicación: abierto, restringido, negociado, diálogo competitivo.
Especiales: colaboración público-privada, contratos de gestión de servicios públicos.

Preparación y adjudicación

Fase previa: determinación de necesidades, elaboración de pliegos, publicidad y convocatoria.
Procedimientos: abierto (más transparente), restringido (preselección), negociado (menor concurrencia), diálogo competitivo (complejidad técnica).
Criterios de adjudicación: precio, calidad técnica, sostenibilidad ambiental, criterios sociales.
Órgano de contratación: responsable de la preparación y adjudicación.

Efectos, cumplimiento y extinción

Perfección: acuerdo de voluntades con efectos vinculantes.
Obligaciones: contratista ejecuta prestación; Administración paga precio.
Cumplimiento: según pliegos y condiciones pactadas; inspección y recepción.
Extinción: cumplimiento, resolución por incumplimiento, mutuo acuerdo, causas sobrevenidas.

Revisión de precios y alteraciones contractuales

Revisión de precios: ajuste por variación de costos (índices de referencia), si está prevista en el contrato.
Modificaciones: cambios en prestaciones, ampliaciones, reducciones, permitidas dentro de límites legales.
Variaciones por circunstancias sobrevenidas: fuerza mayor, cambios normativos.
Equilibrio económico: derecho del contratista a mantener la ecuación financiera inicial.

Invalidez y recursos

Causas de nulidad: defectos graves en procedimiento, falta de capacidad, objeto ilícito.
Anulabilidad: vicios subsanables en la adjudicación.
Recursos administrativos: recurso de reposición, recurso potestativo de revisión, recurso contencioso-administrativo.
Plazos: generalmente 15 días para recursos administrativos; 2 meses para contencioso.
Efectos: suspensión de ejecución, restitución de garantías, indemnización por daños.