La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas es el deber de reparar los daños y perjuicios causados a los ciudadanos por sus actuaciones u omisiones. Se regula principalmente en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en leyes especiales según el ámbito (sanitario, seguridad social, etc.).

Concepto y naturaleza

Obligación de la Administración de indemnizar los daños patrimoniales causados a terceros
Responsabilidad objetiva: no requiere culpa o negligencia (salvo excepciones)
Fundamento: principio de igualdad ante las cargas públicas
Diferencia con responsabilidad civil ordinaria: la Administración responde incluso por actos lícitos que causen daño

Clases de responsabilidad

Por acto administrativo ilegal: cuando la actuación administrativa es contraria a derecho
Por acto administrativo lícito: cuando el acto es legal pero causa daño desproporcionado (ej.: expropiación sin indemnización previa)
Por omisión: incumplimiento de obligaciones legales que causa daño
Por funcionarios: responsabilidad de la Administración por actos de sus empleados públicos en el ejercicio de funciones

Requisitos generales

Daño patrimonial efectivo, evaluable económicamente: debe ser real, no hipotético ni moral
Causalidad: relación directa entre la acción/omisión administrativa y el daño
Imputabilidad: el daño debe ser imputable a la Administración, no a terceros
Ausencia de fuerza mayor: no hay responsabilidad si el daño es por causa ajena a la Administración
Falta de deber de soportar el daño: el perjudicado no estaba obligado legalmente a tolerarlo

Exclusiones de responsabilidad

Daños derivados de actos de terrorismo o conflicto armado (según normativa específica)
Daños causados por el perjudicado o terceros ajenos a la Administración
Actos de soberanía o de gobierno (según jurisprudencia)
Funcionamiento normal de servicios públicos (salvo casos excepcionales)

Procedimiento y efectos

Vía administrativa: reclamación ante la Administración causante del daño
Vía contencioso-administrativa: demanda ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
Plazo de prescripción: generalmente 4 años desde que se produce el daño (verificar según normativa aplicable)
Indemnización: reparación integral del daño, incluyendo daño emergente y lucro cesante

Regreso de la Administración

La Administración puede ejercer acciones de regreso contra el funcionario responsable
Procede cuando hay dolo, culpa grave o infracción grave de deberes
Límites: no puede superar la indemnización pagada al perjudicado