La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno es una norma fundamental que establece los principios y mecanismos para garantizar la transparencia en la Administración Pública española y el derecho de acceso a la información. Su conocimiento es esencial en la oposición de Administrativo del Estado.

Objeto y ámbito de aplicación

Regulación de la transparencia de la actividad pública, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno.
Aplicable a la Administración General del Estado, organismos públicos, entidades de derecho público y empresas públicas.
También se extiende a otras instituciones que reciben fondos públicos (según disposiciones específicas).
Coexiste con la Ley Orgánica 3/2018 (LSSI-CD) en materia de protección de datos.

Principios fundamentales

Transparencia: obligación de publicar información sobre actividades, estructura y funcionamiento.
Acceso a la información pública: derecho de cualquier persona a solicitar y obtener información.
Buen gobierno: conducta ética de los empleados públicos.
Estos principios son complementarios y refuerzan la confianza en las instituciones públicas.

Obligaciones de transparencia activa

Publicación obligatoria en portales de transparencia (web institucional).
Información sobre estructura organizativa, normativa, planes y programas.
Datos sobre contratación pública, subvenciones, convenios y actos de personal.
Información sobre presupuestos y ejecución presupuestaria.
Publicidad de actos y resoluciones administrativas (salvo excepciones legales).

Derecho de acceso a la información pública

Derecho de toda persona (sin necesidad de justificar interés legítimo).
Solicitud por escrito ante el órgano que posea la información.
Plazo de respuesta: 30 días hábiles (prorrogable 20 días más en casos complejos).
Silencio administrativo: estimatorio (acceso concedido si no hay respuesta).
Formatos: copia, consulta en sede o envío electrónico.

Límites al acceso

Seguridad nacional, defensa e intereses económicos del Estado.
Secretos comerciales e industriales.
Datos personales (protegidos por normativa de privacidad).
Información sobre procedimientos en tramitación (con excepciones).
Información clasificada según leyes especiales.

Recursos y garantías

Recurso de revisión ante el mismo órgano (plazo: 30 días).
Recurso administrativo ante órgano superior.
Acceso a la jurisdicción contencioso-administrativa.
Intervención de la Agencia Española de Protección de Datos en cuestiones de privacidad.

Buen gobierno y conducta pública

Código de conducta para empleados públicos.
Declaración de bienes, actividades y conflictos de intereses.
Prohibición de incompatibilidades y conflictos de intereses.
Sanciones por incumplimiento de obligaciones de transparencia.

Test de La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. — Administrativo del Estado (C1)