La Ley 40/2015, de 1 de octubre, es la norma fundamental que regula el régimen jurídico del sector público en España. Establece los principios que deben guiar la actuación de las Administraciones Públicas y los requisitos para la utilización de medios electrónicos en su funcionamiento.

Principios de actuación de las Administraciones Públicas

Eficacia: las Administraciones deben perseguir los objetivos fijados en la ley con los medios disponibles.
Eficiencia: obtener el máximo resultado con el mínimo de recursos.
Economía: austeridad en el gasto público.
Celeridad: rapidez en la tramitación de procedimientos.
Transparencia: publicidad de la actuación administrativa y acceso a la información.
Responsabilidad: rendición de cuentas por sus actuaciones.
Integridad: actuación honesta y ética.
Objetividad e imparcialidad: decisiones basadas en criterios objetivos, sin discriminación.
Igualdad: trato sin discriminación por razón de nacimiento, sexo, religión u otra circunstancia personal.
No discriminación: prohibición de tratos discriminatorios.

Funcionamiento electrónico del sector público

Las Administraciones Públicas deben utilizar medios electrónicos en su funcionamiento ordinario.
Obligatoriedad de la sede electrónica para todas las Administraciones Públicas.
Los ciudadanos tienen derecho a relacionarse electrónicamente con la Administración.
Excepción: cuando la complejidad del procedimiento o circunstancias especiales lo justifiquen.

Registro electrónico

Todas las Administraciones deben disponer de registro electrónico.
Los escritos presentados electrónicamente tienen la misma validez que los presentados en papel.
Obligatoriedad de acuse de recibo electrónico.

Notificaciones electrónicas

Las notificaciones pueden realizarse por medios electrónicos.
Deben efectuarse en la dirección electrónica que conste en el procedimiento.
Se presumen válidas cuando consta la puesta a disposición del interesado.

Archivos y documentos electrónicos

Los documentos electrónicos tienen validez y eficacia probatoria.
Deben cumplir requisitos de autenticidad, integridad y conservación.
Obligatoriedad de conservación según plazos legales.

Obligaciones de los ciudadanos

Aceptar la comunicación electrónica cuando se relacionen con la Administración.
Facilitar dirección electrónica válida.
Responsabilidad por los daños derivados de direcciones incorrectas facilitadas.