La protección de datos de carácter personal es un derecho fundamental regulado en España por la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD) y el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD). Su conocimiento es esencial para cualquier empleado público que maneje información personal en su actividad administrativa.

Conceptos fundamentales

Dato de carácter personal: cualquier información sobre una persona física identificada o identificable (nombre, DNI, dirección, correo, etc.).
Tratamiento: cualquier operación realizada sobre datos (recogida, registro, organización, conservación, modificación, acceso, supresión).
Responsable del tratamiento: quien decide qué datos se tratan y cómo (generalmente, la Administración Pública).
Encargado del tratamiento: quien trata datos por cuenta del responsable, bajo instrucciones.

Principios rectores del tratamiento

Licitud, lealtad y transparencia: el tratamiento debe ser legal y la persona debe conocer cómo se usan sus datos.
Limitación de la finalidad: los datos solo se pueden usar para el fin para el que se recogieron.
Minimización de datos: solo se recogen los datos necesarios y adecuados.
Exactitud: los datos deben ser correctos y actualizados.
Integridad y confidencialidad: protección contra acceso, alteración o pérdida no autorizados.
Responsabilidad: el responsable debe demostrar el cumplimiento de estos principios.

Derechos de las personas interesadas

Derecho de acceso: obtener confirmación de si se tratan sus datos y acceder a ellos.
Derecho de rectificación: corregir datos inexactos o incompletos.
Derecho al olvido: solicitar la supresión de sus datos en determinadas circunstancias.
Derecho a la limitación del tratamiento: restringir cómo se usan sus datos.
Derecho a la portabilidad: recibir sus datos en formato estructurado y transmitirlos a otro responsable.
Derecho de oposición: oponerse al tratamiento de sus datos en ciertos casos.
Derechos relacionados con decisiones automatizadas: no ser sometido a decisiones basadas solo en tratamiento automatizado.

Bases legales para el tratamiento

Consentimiento: la persona autoriza expresamente el tratamiento.
Cumplimiento de obligación legal: la ley exige el tratamiento (impuestos, seguridad social, etc.).
Interés público: necesario para funciones de la Administración.
Interés legítimo: beneficio para el responsable o terceros (excepto en sector público).
Ejecución de contrato: necesario para cumplir un acuerdo.

Datos especiales o categorizados

Datos de ideología, religión, afiliación sindical, origen racial o étnico, datos genéticos, biométricos o de salud.
Prohibición general de tratamiento, salvo excepciones expresas (consentimiento explícito, protección de intereses vitales, etc.).

Obligaciones de la Administración

Mantener registros de actividades de tratamiento.
Realizar evaluaciones de impacto en protección de datos (EIPD) en tratamientos de riesgo.
Notificar brechas de seguridad a la Autoridad de Control (AEPD) en plazo de 72 horas.
Designar un Delegado de Protección de Datos (DPD) en organismos públicos.