La Unión Europea es una organización supranacional que integra a 27 Estados miembros y ejerce competencias legislativas, ejecutivas y judiciales que afectan directamente al ordenamiento jurídico español. Su influencia en la organización del Estado español es fundamental para entender la estructura administrativa actual.

Instituciones principales de la UE

Parlamento Europeo: órgano legislativo elegido por sufragio universal directo cada 5 años. Colegislador en la mayoría de materias.
Consejo de la Unión Europea: representa a los gobiernos de los Estados miembros. Colegislador y coordinador de políticas.
Comisión Europea: órgano ejecutivo independiente. Propone legislación y vela por el cumplimiento del Derecho comunitario.
Tribunal de Justicia de la Unión Europea: máximo órgano judicial. Garantiza la interpretación uniforme del Derecho comunitario.
Banco Central Europeo: gestiona la política monetaria de la eurozona.

Fuentes del Derecho comunitario

Derecho primario: Tratados fundacionales (Tratado de la Unión Europea, Tratado de Funcionamiento de la UE) y Carta de Derechos Fundamentales.
Derecho derivado: Reglamentos (aplicación directa e inmediata), Directivas (requieren transposición nacional), Decisiones, Recomendaciones y Dictámenes.
Principios generales: primacía del Derecho comunitario, efecto directo y responsabilidad del Estado.

Efectos sobre el ordenamiento español

El Derecho comunitario prevalece sobre el Derecho nacional en caso de conflicto.
Las Directivas deben transponerse a la legislación española mediante leyes o reglamentos.
Los órganos administrativos españoles están obligados a aplicar e interpretar la normativa nacional conforme al Derecho comunitario.
La Constitución española (art. 93) autoriza la transferencia de competencias a organizaciones internacionales como la UE.

Impacto en la Administración Pública española

Creación de procedimientos administrativos armonizados con estándares europeos.
Obligaciones en materia de transparencia, acceso a información y participación ciudadana.
Adaptación de competencias autonómicas y locales a normativa comunitaria.
Responsabilidad patrimonial del Estado por incumplimiento de Directivas.

Control de legalidad comunitaria

Los tribunales españoles pueden plantear cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia.
El Tribunal Constitucional controla la compatibilidad de la legislación comunitaria con la Constitución.
Recursos de anulación y por omisión ante el Tribunal de Justicia.

Derechos y obligaciones del ciudadano

Libre circulación de personas, servicios, capitales y mercancías.
Derechos de ciudadanía europea (voto, protección diplomática, petición).
Protección de datos personales según normativa comunitaria.
Acceso a información pública de instituciones europeas.