La Ley 39/2015 es la norma fundamental que regula el procedimiento administrativo común en las Administraciones Públicas españolas. Su conocimiento es esencial para cualquier opositor a Auxiliar Administrativo, ya que establece los derechos y obligaciones de ciudadanos y administración en la tramitación de expedientes.

Objeto y ámbito de aplicación

Regula el procedimiento administrativo común aplicable a todas las Administraciones Públicas españolas (estatal, autonómica y local).
Se aplica a la actividad administrativa que produce efectos jurídicos sobre los ciudadanos.
Excluye procedimientos especiales regulados por leyes específicas (tributario, laboral, contencioso-administrativo, etc.).
Establece normas mínimas que pueden ser complementadas por normas autonómicas y locales.

Principios generales del procedimiento

Legalidad: la Administración actúa conforme a la Constitución y las leyes.
Jerarquía normativa: respeto de la estructura de normas.
Eficacia: los actos deben producir los efectos para los que fueron dictados.
Seguridad jurídica: certeza y estabilidad en las relaciones jurídicas.
Transparencia: publicidad de la actividad administrativa.
Participación: derecho de los ciudadanos a intervenir en el procedimiento.
No discriminación e igualdad: trato equitativo sin discriminación.
Proporcionalidad: equilibrio entre medios y fines perseguidos.
Eficiencia: uso óptimo de recursos.

Derechos de los ciudadanos en el procedimiento

Derecho a ser informado sobre el estado de tramitación.
Derecho a acceder al expediente administrativo.
Derecho a presentar alegaciones y pruebas.
Derecho a obtener copia de resoluciones.
Derecho a la asistencia y representación.
Derecho a la motivación de los actos administrativos.

Fases del procedimiento administrativo

Iniciación: por solicitud del interesado o de oficio por la Administración.
Instrucción: práctica de pruebas, emisión de informes, trámite de audiencia.
Resolución: adopción de la decisión administrativa.
Notificación: comunicación formal de la resolución al interesado.

Plazos y silencio administrativo

Los procedimientos tienen plazos máximos de duración (generalmente 3 meses, ampliables).
Silencio positivo: si la Administración no resuelve en plazo, se entiende estimada la solicitud (salvo excepciones).
Silencio negativo: en procedimientos de gravamen o limitación de derechos, se entiende denegada la solicitud.
Los interesados pueden interponer recursos administrativos contra las resoluciones.

Recursos administrativos

Recurso de reposición: ante el mismo órgano que dictó el acto.
Recurso de alzada: ante el órgano jerárquicamente superior.
Recurso extraordinario de revisión: por error de hecho o nuevos hechos.
Plazo general: 1 mes desde la notificación.