La Ley 39/2015 es la norma fundamental que regula el procedimiento administrativo común en todas las administraciones públicas españolas. Su conocimiento es esencial para cualquier opositor en la Administración, especialmente en puestos administrativos.

Objeto y ámbito de aplicación

Regula el procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas españolas
Aplicable a la Administración General del Estado, administraciones autonómicas y locales
Establece derechos y obligaciones de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración
Garantiza la transparencia, eficacia y seguridad jurídica en la actuación administrativa

Interesados en el procedimiento

Interesado: persona física o jurídica que tiene derechos o intereses legítimos que pueden resultar afectados por el procedimiento
Legitimación: capacidad legal para actuar en el procedimiento
Capacidad de obrar: aptitud para ser titular de derechos y obligaciones
Pueden actuar directamente o mediante representante legal
Los interesados tienen derecho a ser informados del procedimiento y a participar en él

Actividad de la Administración Pública

La Administración actúa conforme a los principios de legalidad, jerarquía, eficacia, economía procesal y celeridad
Silencio administrativo: cuando la Administración no resuelve en plazo, puede producir efectos estimatorios o desestimatorios según la ley
Obligación de motivación de los actos administrativos (salvo excepciones)
Deber de tramitación en plazo máximo de tres meses, prorrogable

Actos administrativos: concepto y elementos

Acto administrativo: manifestación de voluntad de la Administración que produce efectos jurídicos
Elementos esenciales: sujeto (órgano competente), objeto, forma y procedimiento
Requisitos de validez: competencia, objeto lícito, procedimiento legal y motivación
Presunción de validez y ejecutividad de los actos administrativos

Clasificación de actos administrativos

Por su contenido: favorables (autorizaciones, licencias) y desfavorables (denegaciones, sanciones)
Por su alcance: generales (reglamentos) e individuales (resoluciones)
Por su forma: expresos (escritos) y presuntos (silencio administrativo)
Por su eficacia: actos de trámite y actos definitivos

Vicios y nulidad de actos

Nulidad de pleno derecho: vicios graves (incompetencia, objeto imposible, falta absoluta de procedimiento)
Anulabilidad: vicios menos graves (defectos formales, motivación insuficiente)
Plazo de impugnación: cuatro años para nulidad, cuatro años para anulabilidad
Posibilidad de revisión de oficio por la Administración