La Ley 39/2015 regula el procedimiento administrativo común aplicable a todas las administraciones públicas españolas. Este tema aborda las fases del procedimiento administrativo y los mecanismos de impugnación de actos administrativos.

Iniciación del Procedimiento Administrativo

Puede ser de oficio (por iniciativa de la administración) o a instancia de parte (por solicitud del interesado).
La solicitud debe cumplir requisitos formales: identificación del solicitante, descripción clara del objeto, domicilio a efectos de notificación.
La administración tiene plazo para resolver sobre la admisión o inadmisión de la solicitud.
Silencio administrativo: si no hay resolución en plazo, puede producir estimación o desestimación según la ley aplicable.

Ordenación e Instrucción del Procedimiento

Ordenación: establecimiento de trámites y plazos para la correcta tramitación.
Instrucción: fase de práctica de pruebas, aportación de documentos y alegaciones de los interesados.
Derecho a ser oído: los interesados tienen derecho a conocer los hechos relevantes y a presentar alegaciones.
Prueba: puede ser documental, pericial, testimonial u otra admisible en derecho.
Transparencia: acceso a los expedientes administrativos en poder de la administración.

Finalización del Procedimiento

Mediante resolución expresa (acto administrativo que pone fin al procedimiento).
La resolución debe ser motivada, salvo excepciones legales.
Debe notificarse a los interesados en plazo legal.
Contiene: antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y parte dispositiva.
Silencio administrativo: en procedimientos a instancia de parte, el silencio puede equivaler a desestimación (salvo normas especiales).

Ejecución del Procedimiento

Fase posterior a la resolución definitiva.
La administración adopta medidas para cumplir lo resuelto.
Puede incluir actos de ejecución forzosa si el obligado no cumple voluntariamente.
Principios: proporcionalidad, eficacia y respeto a derechos fundamentales.

Concepto de Recursos Administrativos

Son mecanismos legales para impugnar actos administrativos que se consideren ilegales o injustos.
Objetivo: anular, modificar o revocar el acto recurrido.
Requisitos comunes: legitimación, plazo, forma escrita, expresión clara de agravios.
Deben interponerse ante la administración que dictó el acto o ante superior jerárquico.

Clases de Recursos Administrativos

Recurso de reposición: ante el mismo órgano que dictó el acto, en plazo de un mes.
Recurso de alzada: ante órgano superior jerárquico, en plazo de un mes.
Recurso extraordinario de revisión: por error de hecho, documentos nuevos o infracción de ley.
Recurso contencioso-administrativo: ante la jurisdicción contencioso-administrativa (vía judicial).
Carácter potestativo o preceptivo según la ley aplicable.