La protección de datos personales y la transparencia pública son pilares fundamentales de los derechos digitales y la administración democrática. Estas dos leyes orgánicas regulan cómo se tratan los datos en el sector público y cómo los ciudadanos pueden acceder a la información administrativa.

Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD): Disposiciones Generales

Norma que desarrolla y complementa el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) en España
Ámbito de aplicación: tratamiento de datos personales por personas físicas, jurídicas y administraciones públicas
Define conceptos clave: dato personal, tratamiento, responsable, encargado, consentimiento
Establece garantías de derechos digitales y protección en el entorno digital

Principios de Protección de Datos

Licitud, lealtad y transparencia: el tratamiento debe ser legal, justo y comunicado claramente
Limitación de finalidad: los datos se recogen para fines específicos, explícitos y legítimos
Minimización de datos: solo se recogen datos adecuados, relevantes y necesarios
Exactitud: los datos deben ser correctos y actualizados
Integridad y confidencialidad: protección contra tratamiento no autorizado o ilícito
Responsabilidad: el responsable debe demostrar cumplimiento de estos principios

Derechos de las Personas

Derecho de acceso: obtener confirmación de si sus datos se tratan y acceder a ellos
Derecho de rectificación: corregir datos inexactos o incompletos
Derecho de supresión ("derecho al olvido"): eliminar datos en circunstancias específicas
Derecho de limitación del tratamiento: restringir el uso de sus datos
Derecho a la portabilidad: recibir sus datos en formato estructurado y transmitirlos
Derecho de oposición: rechazar el tratamiento de sus datos
Derechos relativos a decisiones automatizadas: no ser sometido a decisiones basadas solo en tratamiento automatizado

Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía: Principios Básicos

Regulación de la transparencia, acceso a la información y buen gobierno en Andalucía
Principios: publicidad activa, acceso a información pública, buen gobierno y participación ciudadana
Aplicable a administración pública andaluza, organismos públicos y entidades que presten servicios públicos
Objetivo: fortalecer la confianza en las instituciones y facilitar control democrático

Derechos y Obligaciones

Derecho de acceso: cualquier persona puede solicitar información pública sin necesidad de justificar interés
Obligación de publicidad activa: las administraciones deben publicar información relevante de oficio
Obligación de respuesta: plazo máximo de 30 días hábiles para responder solicitudes
Límites al acceso: información clasificada, datos personales, secretos comerciales, seguridad pública

Publicidad Activa y Acceso a la Información

Publicidad activa: divulgación proactiva de información sobre estructura, funciones, presupuestos, normativa
Acceso a información pública: procedimiento mediante solicitud formal ante la administración
Transparencia en contratación, subvenciones, convenios y decisiones administrativas
Registro de solicitudes y respuestas para garantizar trazabilidad