La violencia de género es una realidad estructural que afecta principalmente a mujeres y requiere una respuesta integral desde todas las instituciones, incluida la Guardia Civil. Este tema es fundamental en la oposición porque el cuerpo tiene responsabilidades directas en la protección de víctimas y la prevención.

Concepto y Ámbito de Aplicación

Violencia de género: ejercida contra las mujeres por el hecho de serlo, principalmente en el contexto de relaciones de pareja o expareja.
Incluye violencia física, psicológica, sexual, económica y social.
Afecta a menores expuestos a este tipo de violencia en el entorno familiar.
Regulada principalmente por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre.

Principios Rectores de la Protección Integral

Transversalidad: implicación de todas las administraciones públicas.
Coordinación institucional: especialmente entre fuerzas de seguridad, sanidad y justicia.
Perspectiva de género: reconocer las desigualdades estructurales.
Atención a víctimas: prioridad en seguridad, información y apoyo.
Prevención y sensibilización: educación y cambio cultural.

Actuación de la Guardia Civil

Primera respuesta ante denuncias: atención inmediata y protección de la víctima.
Recogida de denuncias en cualquier cuartel, sin necesidad de cita previa.
Investigación de delitos y faltas relacionadas con violencia de género.
Coordinación con juzgados de violencia sobre la mujer.
Vigilancia y control de medidas cautelares (órdenes de protección, alejamiento).
Formación especializada en género para agentes.

Medidas de Protección

Orden de protección: decisión judicial que incluye medidas civiles y penales.
Medidas cautelares: alejamiento, prohibición de comunicación, custodia de menores.
Seguimiento policial: vigilancia periódica del domicilio de la víctima.
Dispositivos de seguridad: teléfonos de emergencia, pulseras de localización.
Derivación a recursos: casas de acogida, servicios sociales, asesoramiento jurídico.

Derechos de las Víctimas

Derecho a la información sobre derechos y recursos disponibles.
Acceso a asistencia jurídica gratuita.
Protección de datos personales durante el proceso.
Atención especializada sin revictimización.
Indemnización por daños y perjuicios.

Coordinación Interinstitucional

Protocolos de actuación conjunta con juzgados, sanidad y servicios sociales.
Equipos multidisciplinares en territorios con mayor prevalencia.
Sistemas de información compartida (respetando confidencialidad).
Derivación rápida a recursos especializados.