La Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito es una norma fundamental que reconoce y protege los derechos de las personas que sufren daño directo por la comisión de un delito. Esta ley transpone la Directiva 2012/29/UE y es de aplicación en todo el territorio español.

Ámbito de aplicación

Se aplica a víctimas de delitos cometidos en territorio español o en el extranjero cuando el delincuente sea perseguido en España.
Abarca procedimientos penales en todas las fases: investigación, instrucción, juicio y ejecución de sentencia.
Aplicable a víctimas españolas y extranjeras, nacionales de la UE o terceros países.
No se aplica a procedimientos administrativos o civiles, aunque la víctima pueda ejercer acciones civiles en el proceso penal.

Concepto de víctima

Definición: persona física que ha sufrido daño directo (físico, psíquico, emocional o patrimonial) como consecuencia de la comisión de un delito.
Incluye familiares de la víctima fallecida que dependían económicamente de ella o sufrieron daño emocional grave.
La condición de víctima se reconoce independientemente de si se identifica, detiene o condena al autor del delito.
Víctimas especialmente vulnerables: menores, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género, trata de seres humanos, terrorismo.

Derechos básicos de la víctima

Derecho a ser informada sobre sus derechos y el desarrollo del procedimiento.
Derecho a la protección, seguridad y privacidad.
Derecho a ser oída y participar activamente en el proceso penal.
Derecho a obtener reparación por el daño sufrido.
Derecho a acceso a servicios de apoyo (asistencia jurídica, psicológica, social).
Derecho a no ser discriminada por razón de género, origen, orientación sexual u otras circunstancias.

Medidas de protección

Medidas procesales: declaración mediante videoconferencia, pantalla de protección, prueba preconstituida, evitar confrontación con el acusado.
Medidas de seguridad: orden de alejamiento, prohibición de comunicación, vigilancia policial.
Medidas de apoyo: acompañamiento por profesional, asistencia jurídica gratuita, acceso a servicios de atención integral.
Adaptación de medidas según el grado de vulnerabilidad de la víctima.

Víctimas especialmente vulnerables

Requieren evaluación individualizada de sus necesidades de protección.
Menores: protección reforzada, entrevista única, medidas especiales de confidencialidad.
Violencia de género: acceso prioritario a medidas cautelares y servicios especializados.
Víctimas de trata: protección integral, acceso a recursos de recuperación.

Reparación y resarcimiento

Derecho a indemnización por daños y perjuicios causados por el delito.
Acceso a fondos de garantía cuando el condenado no pueda pagar.
Posibilidad de ejercer acción civil en el proceso penal.
Mediación y justicia restaurativa como alternativas complementarias.