La prevención de riesgos laborales (PRL) es un derecho y deber fundamental en el ámbito laboral español, especialmente en cuerpos de seguridad como la Policía Nacional. Este marco normativo establece obligaciones para empleadores y derechos para los trabajadores.

Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales

Norma básica que regula la prevención de riesgos laborales en España
Establece el deber del empresario de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores
Define conceptos clave: riesgo laboral, daño derivado del trabajo, prevención y protección
Obliga a evaluar riesgos, planificar la acción preventiva y adoptar medidas de control
Aplicable a todos los sectores, con adaptaciones para funcionarios públicos

RD 39/1997 - Reglamento de Servicios de Prevención

Desarrolla la Ley 31/1995 especificando cómo organizar la prevención en las empresas
Establece tres modalidades de organización: asunción empresarial, designación de trabajadores, servicio de prevención propio o ajeno
Define las funciones del servicio de prevención: evaluación de riesgos, vigilancia de la salud, información y formación
Exige designar personas o recursos con dedicación a la prevención según el tamaño y riesgo de la organización

RD 2/2006 - PRL en Cuerpo Nacional de Policía

Adapta la normativa de prevención a las características específicas de la Policía Nacional
Reconoce los riesgos inherentes a la actividad policial (violencia, accidentes, estrés)
Establece obligaciones específicas para la Administración del Estado respecto a policías
Incluye vigilancia de la salud adaptada a los riesgos policiales
Regula la participación de los policías en materia de prevención

RD 67/2010 - Adaptación en Administración General del Estado

Adapta la PRL a la Administración General del Estado, incluyendo cuerpos de seguridad
Establece que la Administración es responsable de la prevención en sus organismos
Define la estructura organizativa de la prevención en administraciones públicas
Obliga a evaluar riesgos específicos de cada puesto y actividad
Regula la vigilancia de la salud de los funcionarios públicos

Derechos de los Trabajadores/Funcionarios

Derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud
Derecho a ser informado sobre los riesgos y las medidas de prevención
Derecho a recibir formación teórica y práctica en prevención
Derecho a participar en decisiones sobre prevención (delegados de prevención)
Derecho a vigilancia periódica de la salud
Derecho a no sufrir discriminación por ejercer derechos de prevención

Deberes de los Trabajadores/Funcionarios

Cumplir las medidas de prevención establecidas por la organización
Usar correctamente los equipos de protección individual (EPI)
Informar inmediatamente de situaciones de riesgo o accidentes
Cooperar en la mejora continua de la prevención
Participar en actividades de formación y vigilancia de la salud
No interferir o modificar dispositivos de seguridad sin autorización