La protección de datos de carácter personal es un derecho fundamental en España, regulado principalmente por la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD) y, en el ámbito penal, por la Ley Orgánica 7/2021. Estos textos establecen los principios, derechos y obligaciones que rigen el tratamiento de datos personales, especialmente relevante para la actividad policial.

Conceptos fundamentales

Dato de carácter personal: cualquier información sobre una persona física identificada o identificable.
Tratamiento: cualquier operación realizada sobre datos personales (recogida, registro, organización, conservación, consulta, utilización, etc.).
Responsable del tratamiento: quien determina los fines y medios del tratamiento.
Encargado del tratamiento: quien trata datos por cuenta del responsable.
Interesado: la persona física a quien se refieren los datos.

Principios rectores del tratamiento

Licitud, lealtad y transparencia: el tratamiento debe ser legal y realizado de forma honesta.
Limitación de finalidad: los datos se recogen para fines determinados, explícitos y legítimos.
Minimización de datos: solo se recogen datos adecuados, pertinentes y no excesivos.
Exactitud: los datos deben ser correctos y actualizados.
Integridad y confidencialidad: protección contra el tratamiento no autorizado.
Responsabilidad: el responsable debe demostrar el cumplimiento de estos principios.

Derechos de los interesados

Derecho de acceso: obtener confirmación de si se tratan sus datos y acceder a ellos.
Derecho de rectificación: corregir datos inexactos.
Derecho al olvido: solicitar la supresión de datos en determinadas circunstancias.
Derecho a la limitación del tratamiento: restringir el uso de datos.
Derecho a la portabilidad: recibir datos en formato estructurado y transmitirlos.
Derecho de oposición: rechazar el tratamiento en ciertos casos.
Derechos relacionados con la toma de decisiones automatizada: no ser sometido a decisiones basadas únicamente en tratamiento automatizado.

Ley Orgánica 7/2021: ámbito penal

Regula el tratamiento de datos para prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y ejecución de sanciones.
Aplicable a Policía Nacional, Guardia Civil y otros cuerpos de seguridad.
Establece excepciones y limitaciones a los derechos de los interesados cuando sea necesario para fines de seguridad pública.
Permite el tratamiento de datos especiales (ideología, religión, origen racial, etc.) en contextos de investigación criminal.

Obligaciones de los responsables

Realizar evaluaciones de impacto en tratamientos de riesgo elevado.
Implementar medidas de seguridad técnicas y organizativas adecuadas.
Mantener registros de actividades de tratamiento.
Notificar brechas de seguridad a la autoridad de control cuando sea necesario.
Designar un Delegado de Protección de Datos en determinadas organizaciones.

Autoridades de control y sanciones

Autoridad de Control: Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
Las infracciones pueden conllevar sanciones administrativas de hasta 20 millones de euros o el 4% de la facturación anual.
Responsabilidad civil y penal en casos graves.