TCAE SAS · Tema 5

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales: Disposiciones generales; principios de protección de datos; derechos de las personas. Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía: Principios básicos; derechos y obligaciones; la publicidad activa; el derecho de acceso a la información pública; el fomento de la transparencia.

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La protección de datos personales y la transparencia pública son dos caras de la misma Administración. Una protege lo que pertenece a cada persona: su identidad, su salud, sus creencias. La otra abre al ciudadano lo que pertenece a todos: cómo se gasta el dinero público, quién decide y con qué criterios. El Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería del Servicio Andaluz de Salud vive a diario en ese cruce. Maneja historias clínicas, listados de pacientes, pulseras identificativas, hojas de registro de constantes y conversaciones en el control de enfermería. A la vez trabaja para una Administración obligada a publicar sus contratos, sus presupuestos y sus listas de puestos, y a responder a cualquier persona que pida información pública. Este tema estudia dos normas. La primera es la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), en sus Títulos I, II y III. La segunda es la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, en sus principios, derechos y obligaciones, publicidad activa, derecho de acceso y fomento de la transparencia. En el examen tipo test se pregunta mucho la literalidad: edades, plazos, enumeraciones y qué órgano hace qué. Por eso se recogen las cifras exactamente como aparecen en el texto oficial.

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales: Disposiciones generales

Marco constitucional y europeo

La protección de datos es un derecho fundamental amparado por el artículo 18.4 de la Constitución: «la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos».

El Tribunal Constitucional ha perfilado este derecho en dos sentencias que cita el preámbulo:

  • STC 94/1998, de 4 de mayo: garantiza a la persona el control sobre sus datos, sobre su uso y su destino. Es una facultad para oponerse a que los datos se usen para fines distintos del que justificó su obtención.
  • STC 292/2000, de 30 de noviembre: lo configura como un derecho autónomo e independiente (distinto del derecho a la intimidad). Consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales. Permite decidir qué datos se proporcionan a un tercero y saber quién los posee y para qué.

Evolución legislativa en España:

Norma Qué fue
LO 5/1992, de 29 de octubre (LORTAD) Regulación del tratamiento automatizado de datos personales
LO 15/1999, de 13 de diciembre (LOPD) Trasposición de la Directiva 95/46/CE
Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento general de protección de datos, RGPD), de 27 de abril de 2016 Norma europea de eficacia directa, aplicable desde el 25 de mayo de 2018
LO 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD) Adapta el ordenamiento español al RGPD, lo completa y añade los derechos digitales

En el ámbito europeo, el derecho también aparece en el artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y en el artículo 16.1 del Tratado de Funcionamiento de la UE.

Ojo, esto se confunde con… El RGPD no se traspone: es un reglamento europeo y se aplica directamente. La LOPDGDD no «traspone» el RGPD, sino que adapta y completa el ordenamiento español. Lo que sí se traspone son las directivas. La LOPD de 1999 traspuso la Directiva 95/46/CE.

Datos de estructura que a veces se preguntan:

  • La ley tiene 97 artículos en 10 títulos, 22 disposiciones adicionales, 6 transitorias, 1 derogatoria y 16 finales. Hoy figura además una disposición adicional vigésima tercera, añadida por la Ley 11/2023.
  • Entró en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE.
  • Derogó la LO 15/1999, salvo excepciones transitorias, y el Real Decreto-ley 5/2018.

Objeto de la ley (artículo 1)

La ley tiene un objeto doble:

  • a) Adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 y completar sus disposiciones. El derecho fundamental de las personas físicas a la protección de datos (art. 18.4 CE) se ejercerá conforme al RGPD y a esta ley orgánica.
  • b) Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato del artículo 18.4 de la Constitución.

Ojo: el fundamento constitucional de ambos objetos es el artículo 18.4 CE. No es el 18.1 (honor e intimidad) ni el 20 (libertad de información).

Ámbito de aplicación (artículo 2)

Qué se incluye. Los Títulos I a IX y los artículos 89 a 94 se aplican a:

  • cualquier tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales;
  • el tratamiento no automatizado de datos contenidos en un fichero o destinados a incluirse en él.

En la práctica asistencial, esto abarca la historia clínica digital y también el archivo en papel de historias, el libro de registro de ingresos o un fichero de tarjetas ordenado por apellidos. Una nota manuscrita suelta que no forma parte de ningún fichero queda, en principio, fuera de este concepto. Aun así, sigue sujeta al secreto profesional.

Qué se excluye. La ley no se aplica a:

  • a) Los tratamientos excluidos del RGPD por su artículo 2.2. Esto se entiende sin perjuicio de los apartados 3 y 4 del propio artículo 2.
  • b) Los tratamientos de datos de personas fallecidas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3.
  • c) Los tratamientos sometidos a la normativa sobre materias clasificadas.

Tratamientos con legislación específica. Hay tratamientos a los que el RGPD no es directamente aplicable porque afectan a actividades fuera del Derecho de la UE. Se rigen por su legislación específica, si la hay, y supletoriamente por el RGPD y la LOPDGDD. La ley cita como ejemplos:

  • el régimen electoral general;
  • las instituciones penitenciarias;
  • el Registro Civil, los Registros de la Propiedad y los Mercantiles.

Juzgados y Ministerio Fiscal. El tratamiento por los órganos judiciales en los procesos de su competencia y en la gestión de la Oficina Judicial se rige por el RGPD y la LOPDGDD, sin perjuicio de la LO del Poder Judicial. Lo mismo ocurre con el Ministerio Fiscal y la Oficina Fiscal. Este apartado 5 lo añadió la LO 7/2021.

Datos de las personas fallecidas (artículo 3)

Aunque los datos de fallecidos quedan fuera del ámbito general, el artículo 3 reconoce facultades a ciertas personas.

Quién puede pedir acceso, rectificación o supresión. Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho, así como sus herederos. Se dirigen al responsable o encargado del tratamiento.

Cuándo no pueden. Cuando el fallecido lo hubiese prohibido expresamente o así lo establezca una ley. Hay una excepción a esta prohibición: no afecta al derecho de los herederos a acceder a los datos de carácter patrimonial del causante.

Personas designadas. Las personas o instituciones designadas expresamente por el fallecido pueden solicitar acceso, rectificación o supresión con arreglo a las instrucciones recibidas. Un real decreto fijará los requisitos para acreditar estos mandatos e instrucciones y, en su caso, su registro.

Menores fallecidos. Pueden ejercer estas facultades, además, sus representantes legales o el Ministerio Fiscal. El Fiscal puede actuar de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica interesada.

Personas con discapacidad fallecidas. Pueden ejercerlas también quienes hubiesen sido designados para funciones de apoyo, si esas facultades se entendían comprendidas en las medidas de apoyo.

Situación ¿Pueden acceder familiares y herederos?
Regla general Sí: acceso, rectificación y supresión
El fallecido lo prohibió expresamente o una ley lo impide No, salvo los herederos respecto de los datos patrimoniales
Designado expresamente por el fallecido Sí, según las instrucciones recibidas
Menor fallecido También representantes legales y Ministerio Fiscal
Persona con discapacidad fallecida También quienes prestaban funciones de apoyo

Ejemplo práctico. La hija de un paciente fallecido en planta pregunta al TCAE qué ponía el informe de alta de su padre. El TCAE no entrega documentación ni comenta datos clínicos. La orienta hacia el cauce formal del centro: el servicio de atención a la ciudadanía o el de documentación clínica. Allí se verificará la vinculación y si existe prohibición del fallecido.

Ojo: el artículo 3 habla de familiares «o de hecho». No exige parentesco formal: la pareja de hecho también está incluida. El Título X regula una figura paralela, el testamento digital, para los contenidos en servicios de Internet. No hay que confundirlas.

Sigue el tema

  1. Principios de protección de datos
  2. Derechos de las personas
  3. Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía: Principios básicos
  4. Derechos y obligaciones
  5. La publicidad activa
  6. El derecho de acceso a la información pública
  7. El fomento de la transparencia
  8. Ideas clave para el examen

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Temario elaborado por Destilify sobre el programa oficial. En los temas de legislación, a partir del texto consolidado del BOE.